La educación inclusiva: por qué se vulnera un derecho

Compartimos el artículo de Asociacionsol.org

“El derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental. Esto implica que es una pretensión moral justificada y está reconocida en el ordenamiento jurídico (art. 27 CE, 28 CDN y 24 CDPD)”

La educación inclusiva no deja de ser una forma de llevar a cabo el derecho a la educación. Todos tenemos derecho a una educación inclusiva, esto es algo ya reconocido jurídicamente.

¿Qué significan los derechos fundamentales?

Los derechos fundamentales son la base legitimadora de nuestras democracias constitucionales. Si estamos en el sistema de la democracia constitucional, significa que estamos en el sistema de las mayorías que puede cambiar, mediante votación, las estructuras del estado. En ese sistema de las mayorías se debe respetar unos mínimos de contenido material en el ordenamiento jurídico, y ese mínimo es el respeto por los derechos fundamentales, ese es el contrato social que asumimos los ciudadanos cuando se firmó la constitución del 78.

Si la educación inclusiva es un derecho fundamental y los derechos fundamentales son la base de nuestro contrato social, cualquier ataque contra la educación inclusiva es un ataque a la base del contrato social que nos hemos dado los Españoles.

La pretensión moral justificada es una idea vinculada a la idea de la dignidad humana. El Derecho ha ido perfilando qué entendemos por dignidad humana, cuyo significado es el libre desarrollo de la propia personalidad. Es necesario estructurar todos los ámbitos de nuestra sociedad para que el mayor número de personas posible alcance el libre desarrollo de su propia personalidad, este es el objetivo común de la sociedad y la base del contrato social que nos dimos.

¿Qué significa el derecho a la educación Inclusiva como derecho fundamental?

La educación tiene dos objetivos básicos:
1º individual: formación de la propia persona, que la persona pueda tener el máximo desarrollo de sus capacidades y potencialidades para diseñar sus propios planes de vida y actuar para su efectiva consecución
2º social: formación como ciudadano, que la persona alcance una formación que le permita ser ciudadano activo en una sociedad estructurada para la consecución del objetivo último común de que el mayor número de personas posible alcance al máximo nivel posible el libre desarrollo de sus propias personalidades.

La educación inclusiva es el medio idóneo y necesario para que dichos objetivos básicos del derecho a la educación sean reales y efectivos para todos los niños e indirectamente para la sociedad en su conjunto. No hay otros objetivos que puedan considerarse por encima de los señalados, en caso de conflicto estos priman.

¿Quién es el titular del derecho a la educación inclusiva?

La educación inclusiva no se establece sólo para integrar a los niños con diversidad funcional, sino para integrar a todos los niños. Es el niño el titular de este derecho, todos los niños. Los padres son los que ayudan en primera instancia al niño en el ejercicio de su derecho, pero no son los padres los titulares de este derecho.

Los poderes públicos son los que han de garantizar las condiciones para que dicho ejercicio sea eficaz y en última instancia actúa como garante del efectivo ejercicio del derecho.

¿Por qué se vulnera el derecho a la educación inclusiva?

Por creencias erróneas arraigadas en todos. La idea errónea de que los niños con discapacidad no pueden recibir una educación de calidad porque su deficiencia se lo impide. Otra idea errónea es que la educación inclusiva atrasa el nivel de los niños sin discapacidades. Otra creencia errónea más es que la educación inclusiva es más cara que la educación actual, en la que coexisten dos sistemas educativos. Hay disponibles informes económicos que demuestran que esto no es cierto.
Porque se establecen otros fines para la educación: la competitividad, la formación de un trabajador en un mercado desregularizado.

En definitiva estamos destruyendo unos fines de derecho fundamental, para conseguir unos fines basados en la competitividad y la productividad. atentar directamente contra los derechos fundamentales, contra la legitimidad de nuestro sistema democrático constitucional, contra nuestro Contrato Social. Es necesario proteger el derecho a una educación inclusiva como un derecho fundamental y respetar que las personas puedan alcanzar ese libre desarrollo de su personalidad.

La de derechos fundamentales es una cultura que cuesta mucho mantener. Apostar por la educación inclusiva significa apoyar esta cultura de derechos fundamentales.

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