El Gobierno de la Ciudad, en contra de la educación inclusiva

Compartimos la nota de ACIJ 

Hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló una decisión judicial ejemplar e histórica para el derecho a la educación inclusiva: no le dará el título secundario a Alan Rodríguez, un joven con síndrome de down que terminó la secundaria en una escuela común de la Ciudad. La actitud del Ministerio implica posponer el reconocimiento de un derecho fundamental y reiterar la discusión judicial ante la Cámara de Apelaciones del Fuero en lo Contencioso Administrativo, que deberá entender en el recurso.

Aún se desconocen los motivos de la apelación y es incierto el tiempo en que la Cámara resolverá. Mientras tanto ya pasaron 3 años desde que Alan terminó la secundaria y continúa sin su título, lo que lo afecta gravemente en su estima y en su desarrollo personal. Además, la actitud del Ministerio preocupa ya que muestra -al menos- una ausencia de interés por la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo, lo que constituye una obligación para el Estado desde que en el 2008 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Alan estudió toda su vida en una escuela común de la Ciudad con adaptaciones curriculares y cumplió año a año todos sus objetivos, pero al finalizar su último año el Ministerio de Educación le negó su título secundario con el argumento de que no habría alcanzado ciertos contenidos mínimos considerados obligatorios. Eso nunca le fue informado durante su trayectoria educativa, a lo largo de la cual siempre contó con boletines con excelentes calificaciones.

En defensa de su derecho y para obtener su título, Alan recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo favorable el pasado 24/10. La jueza Romina Tesone, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones” y aclaró que “en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros”, sino que “a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados”. Además, declaró la inconstitucionalidad de la normativa local en la que el Ministerio se amparaba.

Hace cuatro días Alan Rodríguez celebraba el fallo. Hoy, la apelación interpuesta por el Ministerio lo daña irremediablemente y pospone la obtención de su título secundario por tiempo indeterminado, pese a que la Justicia de primera instancia ya le dió la razón.

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