Cambios en el Ministerio de Educación: Retroceso en materia de educación inclusiva

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva manifestamos nuestra preocupación por la desaparición de la Coordinación de Educación Inclusiva del organigrama del Ministerio de Educación de la Nación. Tal como surge del sitio https://www.argentina.gob.ar/educacion/gestioneducativa/direccionnacionaldegestioneducativa/especial?fbclid=IwAR3ApZ6vYJaKOCmsJE8EfaobqlIALF4sjIefq6U_51Eg3fyJk7EO0DVSNpI la educación de personas con discapacidad pasó a la órbita de la Dirección de Educación Especial, en una división funcional que refuerza la segregación educativa y reinstala conceptos superados ética, pedagógica y jurídicamente. En efecto, en el sitio de la Dirección de Educación Especial leemos: “A partir de la transversalidad de la modalidad, se propone un trabajo articulado con los niveles y modalidades por medio de la promoción de la integración en la educación común, como así también de espacios curriculares compartidos entre estudiantes con y sin discapacidad”.

Como anticipamos, es un lamentable retroceso hablar de propiciar la integración, cuando la integración es una estrategia superada por la normativa vigente y las investigaciones en materia educativa, además de configurar una práctica discriminatoria y excluyente. Así lo ha afirmado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al conceptualizar la “integración” como un enfoque discriminatorio opuesto al de la inclusión, que implica que el alumno deba demostrar que es apto para la escuela y que conduce a que la escuela se desresponsabilice de su aprendizaje. Por lo demás, a 12 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en nuestro país, hablar de “propiciar” remite a inicios, comienzos, primeros pasos, y lo cierto es que el esfuerzo de estudiantes, familias y docentes ha ido mucho más allá y ha abierto caminos pese a las numerosas resistencias. Estamos hablando de un derecho humano, y los derechos humanos no se propician: se ejercen y se respetan. Además, resulta problemático que se haga referencia a “espacios curriculares compartidos”, cuando en realidad los estudiantes con discapacidad deben asistir a las mismas escuelas, no compartir ciertas materias o actividades con el resto. El artículo 24 de la CDPD, con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014, no admite otra solución, pues establece que el sistema educativo debe ser inclusivo en todos los niveles, que las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación y que todos deben contar con los apoyos que necesiten para aprender y participar en igualdad de condiciones.

Desde nuestro lugar, manifestamos esta preocupación y sostenemos nuestro reclamo para la derogación de la Res. 155 del Consejo Federal de Educación que refuerza la estructura segregada y las consecuentes prácticas discriminatorias. El primer reclamo administrativo para lograr la derogación de esa resolución fue presentado en 2012 y continúa sin ser resuelto, pese a ser absolutamente contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva está formado por más de 170 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, unidas para que la educación inclusiva sea una realidad en Argentina y en Latinoamérica, y en ese sentido también formamos parte de la, Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) que persigue los mismos objetivos a nivel regional. Cumplimos 8 años en este trabajo y hemos logrado avances tales como el reconocimiento del derecho a la certificación igualitaria (Resolución 311/2016) y que la negativa de matrícula sea considerada discriminación por motivos de discapacidad, además de aperturas normativas para que todos los estudiantes cuenten con los apoyos que requieran. Todo ello acompañado de capacitaciones en distintas jurisdicciones de nuestro país que llegaron a más de 10 mil docentes, y de asistencia permanente en casos individuales, que nos acercan a la terrible realidad y los enormes obstáculos que deben enfrentar las familias de personas con discapacidad para lograr algo tan sencillo como escolarizar a sus hijos.

Con base en todo ese trabajo, en las convicciones que nos unen, en el Informe Temático sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad a la Educación emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas, en la Observación General Número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las Observaciones finales de ese Comité relativas al informe de Argentina sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, en la trayectoria de tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sostuvieron y sostienen su derecho a la educación a pesar de tantas barreras, hacemos pública esta preocupación y nos ponemos a disposición de las autoridades educativas para trabajar por una educación inclusiva y de calidad para todos.

Contacto:
info@grupoart24.org

Alerta discriminación
Alerta discriminación

(En la imagen un cartel de alto acompañado por un texto que dice: El ministerio de educación de la Nación decidió que la educación de personas con discapacidad deja de estar bajo la Coordinación de Educación Inclusiva y vuelve a estar bajo Dirección de Educación Especial. Esto no es sólo un cambio de nombre, sino una clara toma de posición conceptual)

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