A un mes de la suspensión masiva de pensiones no contributivas, muchas personas con discapacidad continúan sin respuesta

En su respuesta al reclamo que hicimos más de 20 organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Desarrollo Social evidenció que no implementa procedimientos administrativos apropiados en forma previa a la decisión de dar de baja pensiones no contributivas, y no dio ningún tipo de respuesta a la petición de que se revisen los criterios del decreto 432/97, implementando instancias de participación y consulta con organizaciones de y para personas con discapacidad. Pese a los anuncios oficiales, el Ministerio aún no restableció las pensiones no contributivas a la totalidad de las personas con discapacidad que sufrieron la interrupción masiva. De los controles y llamados realizados por asociaciones, surge que subsisten muchos casos de personas a quienes no se les ha restablecido la pensión, y el Ministerio no ha brindado información detallada que dé cuenta de lo sucedido.

Las suspensiones fueron dispuestas sin respetar garantías mínimas del debido proceso, el cual incluye el derecho del beneficiario de la pensión a ser oído antes de cualquier decisión que lo involucre, y el ejercicio del derecho de defensa. El Ministerio explicitó que no implementa ningún mecanismo para garantizar el derecho a ser oído y el debido proceso de las personas a quienes se suspende la prestación, respondió que se han aprobado dos disposiciones que dejan sin efecto las suspensiones e informó que se encuentra en proceso de implementación un mecanismo para comunicar las suspensiones, pero no acreditó su cumplimiento y tampoco dio acceso al contenido de las disposiciones mencionadas.

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Cámara Federal de la Seguridad Social han señalado respectivamente que, el acto administrativo que dispone la baja de una pensión no contributiva es ilegítimo si se aprueba sin analizar todos los antecedentes de hecho del caso; y que, las facultades de la Comisión de Pensiones Asistenciales de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para el goce de pensiones no contributivas, no pueden ejercerse con prescindencia del debido proceso adjetivo que salvaguarda la ley de procedimiento administrativo; pudiendo suspenderse una pensión no contributiva únicamente luego de haber brindado a los afectados la posibilidad de defensa y alegato, y estando fehacientemente probados los hechos en que se funda.

Es fundamental que se asegure un real derecho a ser oído con la suficiente antelación, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa, y que los actos administrativos que se adopten se encuentren debidamente motivados y fundados. El accionar estatal, además de vulnerar el derecho de defensa, representa un actuar regresivo, violatorio del principio de progresividad y no regresividad, el cual debe regir la implementación de políticas públicas en materia de derechos económicos sociales y culturales, como lo es el derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad. Es por ello que exigimos una respuesta urgente a la problemática que enfrentan las personas con discapacidad.

Por último, instamos a que se generen espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de modificación del decreto 432/97 y su remplazo por una nueva norma que respete lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados internacionales de derechos humanos y se asegure que hasta tanto ello suceda, su interpretación se haga de acuerdo dichos instrumentos.

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