Prestaciones por discapacidad: presentamos un reclamo con otras organizaciones

A continuación reproducimos el contenido de la carta que presentamos junto a Grupo Art. 24, PANAACEA, FIPAN y APEBI ante el Ministerio de Salud, la Vicepresidencia de la Nación,  la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad y la Defensoría del Pueblo, con motivo de expresar nuestra preocupación respecto al grave perjuicio que se le está generando a las Personas con Discapacidad (PcD), producto de la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para PcD y la situación de precarización laboral en la que se encuentran los profesionales que trabajan atendiendo a nuestros familiares con discapacidad:

 

De nuestra mayor consideración:

En representación de todas las familias y colaboradores de las organizaciones que firman al pie expresamos nuestra preocupación respecto al grave perjuicio que se le está generando a las Personas con Discapacidad (PcD), producto de la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para PcD y la situación de precarización laboral en la que se encuentran los profesionales que trabajan atendiendo a nuestros familiares con discapacidad. Es sabido que los apoyos profesionales son fundamentales para que las PcD logren los avances por los cuales ellos, sus familias y las organizaciones luchan. Esta situación cercena y/o limita sus derechos reconocidos por ley.

Asimismo, los profesionales que realizan los apoyos ven pasar mucho tiempo luego de la prestación de servicio realizada para recibir el pago correspondiente por parte de las Obras Sociales. Ante el contexto inflacionario en el que se encuentra el país, estos profesionales se ven obligados a dejar de prestar sus servicios a los usuarios.

La Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, promulgada el 2 de diciembre de 1997, establece que se instituya un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Según la mencionada ley, las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tienen a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicha ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas. Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tienen derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la norma, a través de los organismos dependientes del Estado. Los entes obligados por dicha ley deben brindar las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente. Si bien las obras sociales son responsables de realizar los pagos, en algunos casos no lo hacen, o lo hacen a 3 o 6 meses vencidos.

Tal como lo explicamos, esta situación se ve agravada por la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que establece cuál es la cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por cada prestación brindada a una persona con discapacidad. Los profesionales que brindan prestaciones de apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017 que fue del 5 por ciento, y ninguno en 2018. Por ejemplo, para la prestación de apoyo están cobrando $475 por hora desde el 1 de octubre de 2017, fecha en el cual recibieron el último aumento, ya que hasta esa fecha el valor era de $452, lo que implica un aumento del 5 % en 18 meses.

Las categorías que obtuvieron un aumento desde el 1 de abril del 2018 fueron: la de Transporte, que se incrementó de $16,24 por kilómetro a $16,47, es decir que éste fue de aproximadamente el 1 por ciento; la de Rehabilitación-Internación, cuyo aumento fue del 31 por ciento; y algunas de las categorías de Hogar obtuvieron distintos porcentajes de aumento.

Estas situaciones generan que cada vez más los profesionales soliciten a las familias que se hagan cargo del ajuste que el Estado no ha realizado, lo que es prácticamente imposible para la mayoría de las familias, especialmente para las de menores recursos.

Consideramos necesaria la implementación de un marco legal que determine los plazos para que los responsables de los pagos a profesionales lo hagan en tiempo y forma, así como también un inmediato ajuste del nomenclador en porcentajes a tono con la inflación acumulada.

Las PcD no pueden esperar, ya que el tiempo que pierden hoy no lo pueden recuperar mañana y sólo logramos ahondarles la brecha y las posibilidades de inclusión en la sociedad. Esperamos que de inmediato se adopten las medidas concretas necesarias y efectivas a fin de regularizar esta situación.

Es nuestra obligación defender los derechos de las Personas con discapacidad para evitar su avasallamiento.

Quedamos a disposición.

 

                   

 

   

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